- Mesas de seguridad deben modificar estrategias y ser eficaces.
- Afectados prefieren “pagar cuotas” ante falta de respuesta de autoridades.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local, Maurilio Hernández González llamó al gobierno federal, estatal y a los 125 Ayuntamientos a tomar medidas coordinadas con estrategias de inteligencia que permitan frenar el grave problema de extorsión y cobro de cuotas por parte de grupos delictivos que va en aumento en la entidad mexiquense.
“Es un problema grave que se ha generalizado en varias partes del Estado de México, esta modalidad del crimen organizado que es la extorsión, desde luego que finalmente es una acción incluso que opera bajo el agua porque no todo mundo denuncia”, sostuvo el legislador morenista.
Ante las recientes protestas de ciudadanos en San José del Rincón y de transportistas del Valle de Toluca por ser víctimas de extorsión, Maurilio Hernández aseveró que ante la falta de eficacia de autoridades de seguridad, quienes padecen extorsiones prefieren aguantar a pagar “derecho de piso”, y solo cuanto llegan a un punto de crisis es cuando recurren a manifestaciones o reacciones en las comunidades como ha ocurrido en días recientes.
“También es un tema de falta de seguridad, muchas veces los afectados prefieren cooperar con quienes los están extorsionando porque tampoco ven respuesta de la autoridad”, acusó.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Legislatura pidió que en las mesas de seguridad, se tomen medidas de inteligencia eficaces para emprender nuevas estrategias que permitan frenar este grave ilícito.
“Se requieren mejores mecanismos sobre todo de inteligencia para poder detectar el origen de las extorsiones y poder identificar a los actores de estas extorsiones y poder desde luego ir sobre ellos, pero de manera coordinada con todos los elementos”, indicó el legislador morenista.
Subrayó que las mesas de seguridad se caracterizan porque están representadas los representantes de los 125 Ayuntamientos, de la policía estatal, de la ministerial, de la Guardia Nacional y, de la Secretaría de la Defensa Nacional por lo que están obligados a dar respuestas eficaces a la población.
Refirió que además de los altos índices de narcomenudeo, trata de personas, robo de vehículos, ahora los mexiquenses padecen las constantes extorsiones que afectan la economía, la seguridad y ello requiere la urgente intervención coordinada de autoridades.
“Nuestro llamado es a que esas mesas de seguridad son instrumentos puedan revisar sus métodos, sus sistemas y que den resultados”, alertó.
Indicó que las protestas y bloqueos en San José del Rincón son muestra del hartazgo de la gente ante el azote del crimen organizado, pero que también ocurre en el sur de la entidad, donde aún no se manifiesta la población, pero prevalece la extorsión, y grupos delictivos controlan precios, mercancías, y quién ingresa.
“Es una situación donde el estado como el conjunto de instituciones y en materia de seguridad particularmente está obligado a tener que enfrentar, y creo que están participando los tres niveles de gobierno, el municipio, estado, federación, se debe dar una respuesta para que no pase esto”.
