- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Eduardo Barrera Díaz, presentó el informe correspondiente al periodo 2023 del Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México y tomó protesta al presidente entrante para el ejercicio 2024, José Martínez Vilchis.
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) ratifica su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, mediante la designación de 57 espacios en igual número de instalaciones universitarias, donde se colocaron computadoras en las que la comunidad de la institución puede consultar toda la información referente al Sistema de Información Pública de Oficio de los Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (IPOMEX) y al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).
Así se indicó durante la Primera Sesión Ordinaria Solemne del Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México, en la que el rector de la Autónoma mexiquense y presidente saliente de dicho comité, Carlos Eduardo Barrera Díaz, presentó el informe correspondiente al periodo 2023 y tomó protesta al presidente entrante para el ejercicio 2024, el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), José Martínez Vilchis.
Barrera Díaz señaló que durante su gestión se determinó que la vigencia del registro de los testigos será de un año, contando a partir de la fecha de expedición de la constancia respectiva y que el termino se podrá ir ampliando año con año por periodos de hasta cuatro años, dependiendo del desempeño del testigo, con el propósito de evitar las prácticas de corrupción y opacidad en las contrataciones públicas.
Cabe destacar que el Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México es el órgano colegiado, conformado por la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con el objetivo de llevar a cabo el registro de las personas físicas o jurídico colectivas, para que, como representantes de la sociedad civil puedan participar en los procedimientos de contratación pública relevantes.
