Con la política Cero Impunidad del Gobierno de México, del 11 al 24 de julio, 17 mil 084 personas fueron detenidas por estar relacionadas con la comisión de delitos del fuero común y fuero federal, de ellas 16 mil 764 fueron presentadas ante el Ministerio Público.
El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, informó lo anterior durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que asistió la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.
Así como el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda; el comandante de la Guardia Nacional, David Córdova, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
Entre las detenciones relevantes destaca la de seis personas que participaron en el abandono de restos humanos en la vía pública y la colocación de mantas con mensajes intimidatorios en el Valle de Toluca, Estado de México, firmados por el grupo criminal La Familia Michoacana.
También la de Osvaldo “N”, por el feminicidio de Cassandra “N”, su pareja y ex compañera de trabajo en la Fiscalía del estado de Jalisco.
Otra captura fue la de José Francisco “N”, por su presunta participación en el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, en Tehuacán, Puebla; por estos hechos, fue vinculado a proceso.
Así como la aprehensión de Hermas “N”, ex alcalde de Lerdo de Tejada, Veracruz, por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas en el año 2020.
El subsecretario Rodríguez Bucio reportó vinculaciones a proceso, como la de Gabriel “N”, por estar relacionado con la violación de un menor de 9 años, hijo de su pareja, en Puebla.
Nueve empleados de la Central de Abasto de Toluca, vinculados a proceso en el Estado de México, acusados del homicidio de nueve personas por el incendio provocado en ese lugar, el pasado 10 de julio.
También dos personas más vinculadas a proceso: Mario “N” y Juana “N”, por el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación laboral, contra 20 niñas, niños y adolescentes, a quienes obligaban a trabajar como vendedores ambulantes en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quinta Roo.
El funcionario informó sobre la sentencia de 50 años de cárcel contra 27 personas, por la desaparición de siete víctimas (seis liberadas y una fallecida).
También la de 63 años de prisión para Marco Antonio “N”, por el feminicidio de la activista Gladys Aranza, integrante del colectivo “Guerreras Buscadoras de Guaymas”, Sonora.
Añadió otra condena de 50 años de prisión por extorsión y secuestro exprés para Erika “N”, ex fiscal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien emitió una orden de presentación falsa contra una persona que fue extorsionada con un millón de pesos para no ser consignada, en 2015.
Respecto a la detención de 47 secuestradores, expuso la desarticulación de dos bandas y el rescate de 24 víctimas, como resultado del trabajo conjunto de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro.
Respecto a feminicidios resueltos, explicó que se logró la aprehensión de 37 presuntos responsables y la sentencia a 14 por este mismo delito.
Señaló que continúan las investigaciones por el homicidio del periodista Nelson Matus Peña, fundador del portal de noticias digital, “Lo Real de Guerrero”, ocurrido el pasado 15 de julio, en Acapulco, Guerrero.
Sobre jueces que favorecen a presuntos delincuentes, agregó que en este periodo están los casos de Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Javier Martínez Castillo, quienes de manera atípica, cambiaron medidas cautelares a dos presuntos responsables del secuestro de una mujer en su negocio, en Puebla.
