CUANDO UNA INICIATIVA DE LEY NO ES SUFICIENTE

Por Konex Abrego

En la Cámara de Diputados, la legisladora panista Joanna Alejandra Felipe Torres presentó recientemente una iniciativa que propone que la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán proveer transporte escolar gratuito para todos los alumnos de escuelas públicas de educación básica.

Con ello, planteó la reforma al artículo 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que al respecto, en su párrafo cuarto refiere que: “Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán proveer en las localidades rurales e insulares transporte público gratuito, a niñas, niños y adolescentes, evitando a las y los menores de edad caminatas mayores a 30 minutos o un kilómetro para educación primaria y 60 minutos o tres kilómetros para educación secundaria y media superior…”

El documento presentado fue turnado a la Comisión de Movilidad para su análisis y dictamen, y en su planteamiento la legisladora expone que con su propuesta busca impactar en la movilidad urbana, sobre todo en los municipios con más de 100 mil habitantes, buscando también que se comprima la circulación del parque vehicular y que se facilite el acceso de los estudiantes a sus centros educativos.

La propuesta por sí misma tiene un mensaje positivo y noble, aunque atendiendo a lo que establece el citado lineamiento, parece que lo que la diputada Joanna Alejandra también debiera proponer es que en realidad se cumpla lo que ya está establecido en el ordenamiento citado, pues de nada sirve que se publique una iniciativa, por muy positiva que parezca, si después los preceptos normativos simplemente se convierten en letra muerta.

Es verdad que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial vigente no contempla el transporte gratuito por parte del estado para estudiantes de ningún nivel en zonas urbanas, y que en ocasiones se olvida lo que dispone la Organización de las Naciones Unidas, en el objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que refiere “lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”, sin embargo, en los tiempos actuales los legisladores tienen responsabilidades más allá de presentar iniciativas y votar en bloque bajo criterios partidistas.

Porque más allá de las paredes del recinto legislativo existe una realidad que debería de llenarnos de vergüenza como sociedad “democrática regida bajo normas que regulan nuestra convivencia”.

El tema de la educación, y todo su contexto implica tocar fibras sensibles, sobre todo en algunos lugares recónditos de nuestro país. Tan solo por poner un ejemplo, los niños de la montaña de Guerrero tienen que caminar hasta más de diez kilómetros para poder ir a la escuela, y posteriormente trabajar antes que jugar.

En el mismo estado, existen zonas donde es muy peligroso transitar, pues la delincuencia organizada se ha adueñado de los caminos, propiedades, servicios y hasta del derecho de estudiar; y los transportistas se niegan a prestar el servicio por el peligro que representa transitar por zonas que son campo de guerra de grupos delincuenciales.

Niños de 5 a 12 años caminan bajo el inclemente sol generalmente sin desayunar, en el camino apaciguan el hambre con fruta que encuentran o plantas silvestres. En ocasiones, después de la larga caminata simplemente el maestro no llegó o los alumnos no pueden llevar completos sus útiles porque carecen de recursos para comprar lápices y cuadernos.

La situación social, política, económica y cultural, así como la displicencia por décadas de las autoridades no ha permitido que en esas zonas se fortalezca a la educación como elemento clave, que otorgue la posibilidad de ampliar las oportunidades para las comunidades rurales.

Y esto ocurre no solamente en Guerrero, sino en varios estados del país, a saber, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Baja California Sur, Puebla, Zacatecas y todas las entidades cuyo relieve geográfico contemple sierras y cordilleras.

Impulsar una iniciativa “en apoyo a la educación” significa remover heridas y la responsabilidad de voltear a ver sociedades desprotegidas y vulnerables ante la pobreza, carencias culturales y de servicios, víctimas de la inseguridad y de la falta de oportunidades. Desde el Congreso de la unión se deben impulsar políticas de bienestar que se trasladen del papel a la realidad, que los programas sociales lleguen a esos lugares marginados, lejos de condicionantes electoreras y de perversos intereses partidistas.

Para ello, el Congreso debe trabajar libre de intereses cupulares, sin condicionar presupuestos y sin otorgar prebendas políticas ni ventajas partidistas. Y ello significa combatir realmente a la inseguridad que representan los grupos delincuenciales, que las becas no se condicionen, que los recursos lleguen a quienes en verdad lo necesitan, que apoyen a los docentes y que haya servicios donde nunca los ha habido, que construyan caminos también donde no son zonas turísticas o industriales y que haya un poco más de justicia y humanidad a la hora de administrar los recursos.

La iniciativa de la diputada Joanna, aunque se apruebe, irá al cesto de los asuntos sin importancia. Porque es necesario invertir, y por ahora, son más importantes las campañas electorales.