Por: Konex Abrego

• Ex funcionarios del Estado de México a cuentas.
• Emplazados a comparecer por autorización de cobros de peaje en el Viaducto Bicentenario.

Por acusación del abogado Paulo Diez Gargari, la Fiscalía General de la República señala a varios exfuncionarios del gobierno del Estado de México por haber firmado un documento que pretendía “legalizar” la concesión entregada a la empresa OHL (hoy Aleática) para construir el Viaducto Bicentenario y posteriormente explotar el cobro del peaje durante 30 años, desde el 2008.

La acusación se centra en que el Viaducto Bicentenario, construido sobre la autopista federal México-Querétaro, por ley solo puede ser explotado mediante una concesión del Gobierno Federal. La empresa Aleática, según la investigación, carece de este título, sin embargo cobra peajes por el uso de la vía.

La imputación involucra a Sergio Hidalgo Monroy Portillo, exdirector general de OHL México; Rubén López Barrera, actual director de la empresa; y Andrés de Oteyza, expresidente del Consejo de Administración de la misma; además de cuatro ex funcionarios de la administración anterior del Estado de México: Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno; Luis Gilberto Limón, exsecretario de Movilidad; Alberto Angulo, exdirector de Sistemas de Transporte de Autopistas; y Jorge González Bezares, exdirector de la Junta de Caminos.

A la anterior acusación se suman además los cargos de asociación criminal y usurpación de funciones, ya que la explotación de la carretera no sería posible sin la participación de otros servidores públicos.

Ante la inasistencia injustificada a la citación, el juez sugirió que la FGR solicite una orden de comparecencia para conducir a los acusados a la audiencia inicial. Si no se presentan otra vez, se podría emitir una orden de aprehensión.

Con base en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, la explotación sin concesión puede resultar en prisión de 2 a 12 años.

Ojalá sean más.

México tiene muchos problemas, sobre todo en algunas entidades: la desigualdad, la miseria de casi la mitad de la población, los bajos niveles educativos, la baja productividad, la falta de oportunidades para los jóvenes, los muy altos niveles de violencia, y todos ellos tienen que ver con la corrupción.

Hoy en día la sociedad se encuentra frustrada, enojada, indefensa y vulnerable -como todos los mexicanos de bien- ante el acoso magnificado de la delincuencia, que a sus anchas y sin obstáculos, nos azota y crece en todas sus modalidades. No necesitamos que un puñado de políticos corruptos, en contubernio con empresarios de la misma calaña vengan a robar aprovechándose de la histórica impunidad que impera en nuestro país.

Los dueños de la corrupción lo saben, pero no les importa el hecho de que por encima de cualquier ambición personal, de cualquier interés partidista o de grupos económicos, está el bien supremo de la nación. Atentar contra ese bien es atentar contra los mexicanos y poner en riesgo el futuro de las generaciones.

Ojalá la Fiscalía General de la República, a la par de los jueces y magistrados hagan su trabajo; ojalá se efectúe una investigación a la altura de las circunstancias con claridad y transparencia; ojalá quienes son inocentes puedan comprobarlo y ojalá los culpables sean exhibidos, sufran el escarnio público y vayan a la cárcel. 

Porque ya estamos hartos de vivir en el reino de la corrupción y la opacidad, donde nuestro sistema de justicia ha sido una vergüenza que en muchos casos es cómplice y promotora de la corrupción generalizada.

México necesita hombres y mujeres capaces, honestos, interesados en servir y no en servirse del poder. Esperemos que los mexicanos no se equivoquen al elegir a sus próximos gobernantes.

El nuevo gobierno en el Estado de México está obligado a demostrar que gobernará con imparcialidad y honestidad, como se lo exigen los votantes y las voces más críticas.

Justicia, es lo único que se pide.