- Está obligado a decir que hace con los recursos extraordinarios que llegan por vía de infracciones virtuales.
- En caso “Mercaditas” los inspectores de la Dirección de Gobierno y Desarrollo Económico están obligados a mantener una mesa de entendimiento.
- María Ana González Hermitaño, representante indígena ante el Ayuntamiento de Toluca, evalúa si impugna la determinación del Tribunal que absolvió al alcalde de ejercer violencia política en razón de género en su contra.
Para los representantes populares de Morena ante el Cabildo Toluca, el alcalde de la ciudad Raymundo Martínez Carbajal, está obligado a precisar a donde se está destinando el dinero que obtiene su administración por el mecanismo de recaudación en que se han convertido las multas viales virtuales.
Así como a respetar y dialogar con el colectivo de mujeres que se aglutina en el concepto de economía comunitaria identificado como Mercaditas y respetar a la representante indígena otomí María Ana González Hermitaño, representante indígena otomí ante el gobierno municipal, pero sobre todo exponer en el Cabildo y ante la sociedad en general, el plan de obras y acciones del gobierno municipal, ya que hasta el momento hay total opacidad sobre dicho rubro.
Alma América Rivera Tavizón, segunda Síndico municipal; Mario Alberto Hernández Cardoso, décimo Regidor y Adán Piña Esteban, octavo Regidor, coincidieron en señalar en conferencia de prensa que desafortunadamente para la población de Toluca, durante el año y siete meses que lleva la actual administración, la postura del presidente municipal siempre ha sido de rechazo al diálogo y se ha encapsulado en la cerrazón.
Situación que no ha permitido que el Cabildo, máximo órgano de decisión a nivel municipal, resuelva las múltiples problemáticas, como la inseguridad y discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, que aquejan directa e indirectamente a la sociedad que habita y/o visita la capital del Estado de México.
Prueba de lo anterior, precisó Hernández Cardoso, fue la determinación unilateral, sin el aval del Cabildo, de impulsar el mecanismo de parquímetros virtuales, a través de un contrato que se mantiene en secrecía, pese a que es una acción de gobierno a través de la cual la administración se hace llegar de miles de millones de pesos que no estaban presupuestados en el presente año 2023 y que hasta el momento nadie sabe a dónde se han destinado.
Al respecto América Rivera Tavizón, Síndica Municipal, se pronunció a favor de que el alcalde Raymundo Martínez, precise el plan de obras y acciones relevantes, ya que hasta el momento no existe una programación y mucho menos transparencia en la asignación de obra pública municipal y manejo del presupuesto público.
La Síndico municipal refirió que en el caso del desalojo de las mujeres que operaban el concepto de “Mercadita Feminista”, economía comunitaria para apoyar gastos cotidianos y familiares de decenas de mujeres, registrado en el parque Simón Bolivar, ubicado entre las calles de Gómez Farías e Ignacio López Rayón, el Alcalde procedió de manera equivocada al utilizar la fuerza pública para retirarlas del lugar, haciendo así a un lado el diálogo y entendimiento con dicho sector de la población.
Una situación similar de cerrazón y de no apertura al entendimiento político y administrativo con las causas de las mujeres, recordó América Rivera, fue su postura de no garantizar los derechos de la representante indígena ante el municipio María Ana González Hermitaño, a quien durante varios meses no sólo le negó el acceso a las “herramientas” básicas, un espacio-oficina, para que pudiera realizar su trabajo, sino que de manera permanente descalificó su actuar con fraseos discriminatorios, misóginas y alejados de una postura institucional, y solo porque la representante indígena no pertenece a su grupo político.
Es de destacar que por dicha postura y comportamiento el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) determinó sancionar al alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, por ejercer violencia política en razón de género,
Aunque semanas después la determinación fue revocada por otro Tribunal, ya que el gobierno municipal apeló la sanción bajo el argumentó que ese comportamiento era atribuible a la representación Jurídica del gobierno municipal de Toluca, pero no al mismo alcalde, argumento que fue admitido.
Al tomar la palabra María Ana González Hermitaño, representante indígena ante el Ayuntamiento de Toluca, recordó que durante meses el alcalde incumplió con su obligación de otorgarle todas las herramientas necesarias para poder desarrollar sus funciones que consisten en gestionar, impulsar y respaldar todo tipo de acciones encaminadas a salvaguardar los derechos humanos de los indígenas que viven en el territorio municipal e impulsar su desarrollo y preservación de sus tradiciones y costumbres.
Por lo anterior, los ediles de Morena exigieron al presidente municipal modificar su postura y abrir un espacio de entendimiento a través de mesas de diálogo temáticos, donde se pueda abordar no sólo los temas antes mencionados, sino la grave problemática de inseguridad que aqueja a amplias capas de la población.
