- Que la FGJEM investigue y sancione a los responsables y que sus familias se inscriban en el Registro Estatal de Víctimas
- Se tiene registro de que 24 personas defensoras fueron asesinadas en 2022
Tras el asesinato de los activistas ambientales Álvaro Arvizu Aguiñaga y Cuauhtémoc Márquez Fernández, hechos ocurridos en la Región de los Volcanes del estado de México, durante el mes de junio, la diputada Beatriz García Villegas presentó ante la LXI Legislatura un Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta al Fiscal General de Justicia del Estado de México, para que investigue a través de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Contra de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y logre sancionar a todos los responsables.
Además, de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México para que inscriba a las familias de las víctimas al Registro Estatal de Víctimas y de la misma manera se exhorta a la Defensoría Municipal de Derechos Humanos del Municipio de Tlalmanalco para que presente al Congreso Local un Informe de los programas y las políticas públicas que haya realizado con la finalidad de garantizar, proteger y promover los derechos humanos.
El exhorto de la legisladora de Amecameca, fue leído en la tribuna del Congreso Local, durante la Sesión de la Diputación Permanente, por su compañero el diputado Abraham Saroné Campos, quien detalló que Álvaro Arvizu Aguiñaga fue un defensor de derechos humanos que se dedicaba a coordinar el área agroecológica para la sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (CENTLI), centro que es base del programa Sierra nevada de la Universidad Autónoma de México en donde realizaba una destacada labor de muy diversas áreas que iban desde la academia hasta el trabajo de campo.
Asimismo, abunda el documento, Cuauhtémoc Márquez Fernández, doctor por la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla y quien dedicaba sus investigaciones a la agroecología y apicultura también fue defensor del derecho humano a un medio ambiente sano, a quienes sus personas más cercanas señalan como un duro crítico del sistema, solidario y siempre dispuesto a compartir su conocimiento, se señala en el documento.
Se relató que el pasado 12 de junio, un grupo de civiles armados abrió fuego contra la casa del defensor Cuauhtémoc Márquez Fernández intentando asesinarlo justo cuando se dirigía a ratificar una denuncia de una agresión previa, quien quedó herido; no obstante, posteriormente perdió la vida en las instalaciones del Hospital de Zentlalpan Amecameca.
Un día después, el pasado martes 13 de junio, un grupo de civiles ingresó con uso de violencia a las instalaciones del Centro Centli en busca del Coordinador Álvaro Arvizu Aguiñaga, sometiendo, amagando y agrediendo a sus compañeras y compañeros, mientras que al defensor lo golpearon hasta dejarlo en terribles condiciones para posteriormente huir del lugar. Tras esto, el activista perdió la vida el pasado 19 de junio como consecuencia de los golpes de los que fue víctima.
Así, ambos crímenes forman parte de los altos índices de delincuencia que vive la región y se detalla que “en un contexto de violencia como lo es el que se vive en nuestra entidad federativa, así como en la Región Oriente de nuestro estado, las personas defensoras del Medio Ambiente integran una categoría sospechosa de discriminación en materia de Derechos Humanos basada en la labor que realizan. Basta con recordar la triste cifra de 24 personas defensoras asesinadas en 2022, de las cuales al menos 7 fueron con la presunta participación de agentes del Estado, además de otras 582 agresiones de diverso tipo a este sector a nivel nacional”.
Razón, por la que, la diputada Beatriz García realizó su exhorto al Fiscal General de Justicia del Estado de México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México y la Defensoría Municipal de Derechos Humanos del Municipio de Tlalmanalco, sobre estos lamentables hechos.
Hay que destacar que la diputada Carmen de la Rosa, precisó que este tema es de gran relevancia “todos los que somos parte de este Poder Legislativo debemos de sumarnos y proteger a nuestras personas defensoras de derechos humanos, son ellos los que están en el campo defendiendo los derechos de todos nosotros”, por ello exigió justicia, no repetición y reparación del daño.
Tras esto, el exhorto fue aprobado en lo general y en lo particular por las y los diputados durante la Sesión de la Diputación Permanente.