ANÁLISIS | Tomás Flores Rosales

ANÁLISIS | Tomás Flores Rosales

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  • Posible mensaje alusivo al 2 de marzo podría ser un esbozo de la recta final del sexenio de Alfredo Del Mazo Maza.
  • Sucesión de gobernador permea en todos los campos del escenario mexiquense.
  • Sujetos a lo que señala la ley funcionarios de primer nivel de la cámara de Diputados local tras inminente relevo de Maurilio Hernández de la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

No estaría mal que Alfredo Del Mazo Maza hiciera un esbozo de lo que será el final de su sexenio al frente del poder Ejecutivo estatal aprovechando la insignia que representa para millones de mexiquenses  el 2 de marzo fecha siempre emblemática que acuña la erección del Estado Libre y Soberano de México.

Es verdad que a partir de hoy le restan al Gobernador mexiquense unos 195 días en el cargo que por la vía de la voluntad popular obtuvo formalmente el 15 de septiembre del 2017, por lo que debe emprender una salida del mismo a la altura de su investidura.

No es extraordinario apuntar a las intenciones transexenales  que traía consigo el jefe del Ejecutivo estatal, que ya despejado de este encargo bien planearía su posible futuro político que en el periodo que termina parecerá que no concretará.

Como lo es su aspiración legítima a competir por la presidencia de la República apuntalado en el partido que desde el punto de vista familiar le ha dado todo, incluso el título casi nobiliario de pertenecer a la alta alcurnia del mítico “Grupo Atlacomulco”.

En ese tenor habría que dirigirse a sus gobernados cuya presencia en este estatutos será la última en virtud de que Del Mazo entrega la gubernatura el 15 de septiembre de este año y por tanto el de pasado mañana se circunscribe en la última ceremonia del 2 de marzo que asistiría con el estatus de primer mandatario de la entidad.

Es verdad que hasta el momento la administración Alfredo Del Maza ha cumplido con los estándares que le exigen la aplicación de políticas internas y externas para el desempeño de su labor gubernamental.

En el caso del Plan de Desarrollo Integral animado al inicio de su sexenio, en lo referido a ejecución, metas y objetivos del mismo se han logrado en la medida que se adecuan a la toma de decisiones aplicadas a través de métodos de medición bien comprobados.

La agenda 20/30 es otro de los compromisos que de manera conjunta con la Organización de la Naciones Unidas la administración mexiquense encabezada por Del Mazo lleva ejecución paralela a los programas de acción desarrollados en territorio mexiquense de acuerdo a los rubros específicamente ideados, sobre todo en lo que respecta a la protección y cuidado de los recursos naturales.

Alfredo Del Mazo ha dado puntuales informes cada año como lo exige la Constitución Política del Estado de México, por lo que son los representantes populares en la cámara de diputados los que deben dar veredictos al respecto, en el entendido de su responsabilidad cameral y hasta el momento no se tienen pormenores de especie extraordinaria de ninguna bancada legislativa representada en el parlamento mexiquense.

Luego entonces el Gobernador del Estado de México podría auto fijarse en el escenario de su propia sucesión cuyas votaciones constitucionales para que eso suceda están calendarizadas  para el primer domingo de junio próximo, fecha extremadamente justa en tiempo para lo que representa el relevo del Ejecutivo en tierras mexiquenses.

Quizá Alfredo Del Mazo ya cultivó su postura de no entrometerse en el proceso electoral que culminará con la unción de la mujer que lo va a suceder  y por tanto frente a la necesidad de un mensaje sobre el contexto de cambio de titular de la gubernatura, el mandatario mexiquense se decida a marcar la pauta de lo que significa salir a las urnas a votar en el plazo referido en un discurso distinto al dirigido a los partidos políticos y sus líderes.

Fincar un contexto de “elecciones limpias” y “transparentes “siempre empodera al gobernante en funciones, y la oportunidad no la debería desaprovechar Alfredo Del Mazo Maza en el marco de los festejos del 2 de marzo.

De esta forma inducir también a la corresponsabilidad de todos los actores políticos  participantes de filiación y color que sean para llevar a la realidad la exigencia constitucional en calma de elección de nuevo titular del Ejecutivo mexiquense.

No hay caminos diversos para transitar en el lapso que comprende de hoy primero de marzo al 4 de junio próximo, por lo que el tema comicial significará la feroz lucha por el poder que Del Mazo Maza debe normar a la par de las instituciones legales y por tanto los tiempos son estrechos, pero un eventual mensaje del 2 de marzo de parte del mandatario podría marcar pauta dirigida a la tranquilidad de millones de ciudadanos atentos a la especie sucesoria.

SÍNTESIS POLÍTICA

Sin sobresaltos relevo en Junta de Coordinación Política de la cámara de diputados del Estado de México.

Y es que Maurilio Hernández González, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Estado de México, descartó que con el relevo en la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se desencadenen cambios de titulares en áreas y órganos claves del Poder Legislativo estatal, ya que los plazos de vigencia de dichos funcionarios están establecidos en Ley.

El aún presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández, precisó en entrevista previa a la sesión deliberante de ayer en el congreso local, que ningún Coordinador de Grupo Parlamentario ha planteado alguna propuesta y/o modificación en ese sentido.

“El acuerdo es que nos ajustemos estrictamente a lo que marca la ley y conforme se vayan feneciendo los plazos, los tiempos para los cuales fueron nombrados los titulares, pues se tendrían que tomar acuerdos”, dijo.

Afirmó que la próxima semana se registrará el relevo en la titularidad del máximo órgano de toma de decisiones del Congreso local.

El próximo lunes 6 de marzo la Junta de Coordinación habrá de tomar el acuerdo y al día siguiente, durante la sesión del pleno legislativo, se estaría materializando el cambio en la presidencia de la Jucopo.

Hernández González subrayó desconocer que coordinador (del PAN y/o PRI) estaría asumiendo la posición que en estos momentos él detenta.

El Coordinador de Morena, Grupo Parlamentario que impulsa la Cuarta Transformación en la entidad mexiquense, puntualizó que la Legislatura local tiene una agenda conformada, a su vez, por las agendas de cada grupo parlamentario y sobre esas prioridades se conforma el calendario temático. 

Explicó que cada tema-iniciativa y punto de acuerdo que se desahoga en el pleno del Congreso, se verifica de acuerdo al orden de prelación y de la agenda prioritaria de cada grupo parlamentario.

Y es así, detalló, como la Junta define que temas se turnan para ser legislados.   

En este sentido Maurilio Hernández indicó que no es responsabilidad del presidente, ni de los vicepresidentes estar determinando que temas pasan o no al Pleno del Congreso, ya que ese proceso es una tarea colegiada, es decir la determinación se realiza con la participación de todos los Coordinadores.

¿Están dadas las condiciones políticas para un remplazo en la presidencia de la Junta? Se le cuestionó al actual presidente de la Jucopo.

“Sí, claro que sí. Se está trabajando siempre en la cordialidad y sobre todo poner por el encima el interés superior de la Legislatura, que es el que trabajemos de manera articulada, reconociéndonos todos en el nivel y proporción que cada quien representa y sobre todo dándole a cada quien su lugar, así que las condiciones de armonía siempre han prevalecido sin que esto implique que no haya diferendos de cómo hacer las cosas”, expresó.

Respecto al exhortó respetuoso que se realizará a Fernando Vilchis Esquivel, presidente de Ecatepec, para que cesen los actos de hostigamiento y molestia hacia los integrantes del Cabildo y la ciudadanía en general, Maurilio Hernández reiteró que en este tema el papel de la Legislatura es sólo la emisión de un exhorto y en caso de que los afectados recurran a la Contraloría del Poder Legislativo se tendría que atender el tema de ese municipio, así como de cualquier otro.

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Presenta Junta de Coordinación Política al congreso local iniciativa de reforma integral a la Constitución Política del Estado de México tras de más de dos años de trabajos al respecto. La cámara de diputados dio a conocer el siguiente comunicado:

La Junta de Coordinación Política presentó al Congreso mexiquense la iniciativa de reforma integral de la Constitución Política del Estado de México elaborada por el Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el marco legal (Sectec), respaldada por una amplia participación ciudadana, como pilar de los trabajos a través del Parlamento Abierto, el Grupo Plural y el Foro de Ayuntamientos, a lo largo de más de dos años y medio de trabajo.

De acuerdo con la iniciativa, remitida al análisis de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Especial de Seguimiento al Sectec, se reforman integralmente los artículos del 1 al 118 y se derogan los artículos del 119 al 149 de la actual Constitución Política estatal, que no ha sido actualizada de forma profunda desde hace al menos 27 años.

La reforma, se basa en la transformación estructural y sistemática de la Constitución vigente, en la ampliación de los derechos, el perfeccionamiento de las instituciones y de los elementos fundamentales de organización política y funcionamiento del Estado.

Establece a la entidad como un Estado social y democrático de derecho, tendiente a convertirse en una organización política y jurídica que reconoce toda la estructura de la sociedad, y armoniza la complejidad de intereses y necesidades a través de la justicia social.

Incorpora entre sus principios la dignidad humana, libertad, igualdad, democracia, fraternidad, solidaridad y la legalidad. Amplía y diversifica el catálogo de derechos, divididos en derechos al desarrollo individual, colectivos, sociales, económicos, al buen gobierno y a la buena administración pública.

Crea garantías constitucionales diferenciadas a las otorgadas por la constitución federal, garantiza la atención prioritaria para las personas que, debido a la desigualdad estructural y sistemática, enfrenten discriminación, opresión, exclusión, maltrato, abuso, violencia.

Incorpora las leyes de desarrollo constitucional las cuales fungirán como herramienta técnica para evitar la sobrecarga de disposiciones, darán lugar a un trabajo de consenso legislativo y al fortalecimiento de la seguridad jurídica, puesto que implica el desahogo del contenido constitucional en estas leyes, lo cual consigue simplificar el ordenamiento y evitar el constante reformismo.

Adapta el principio de interseccionalidad para identificar desigualdades múltiples y procurar la supresión de las inequidades; considera las tendencias de modernización e innovación gubernamental para satisfacer las necesidades de la ciudadanía; prevé la gobernanza digital y plantea la transformación municipalista que dé respuesta a las necesidades más elementales y urgentes de carácter general.

Integra el control parlamentario para equilibrar el ejercicio del poder, fiscalizar de manera sustancial el gasto público, sancionar la ilegalidad en el servicio público y la rendición de cuentas; además de que entiende la democracia como un sistema de vida e incluye mecanismos de democracia directa, participativa y gobierno abierto.

Reconoce la pluriculturalidad y los derechos de pueblos indígenas y comunidades originarias a la libre autodeterminación, autonomía, autogobierno, protección de sus lugares sagrados, identidad cultural, espiritualidad, cosmovisión al tiempo de que garantiza el ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos propios y la participación en órganos e instituciones del Estado.

Propone actualizar la normativa que ha propiciado la ineficiencia del combate a la corrupción, mediante un nuevo régimen de responsabilidades administrativas, penales, políticas y patrimoniales. Mientras que, ante la problemática urbana y la metropolización, incorpora el régimen de ciudades como una plataforma para garantizar a todas las personas el derecho de disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos.

Incorpora la economía de bienestar e integra una visión ecocéntrica para la protección de los recursos naturales y lograr un equilibrio ecológico, entre otros preceptos.