- El talón de Aquiles de Horacio Duarte y Mario Delgado.
- Permitirán, ambos morenistas, el repunte en las encuestas de la priista Alejandra del Moral Vela.
- Construyen hasta el momento triunfo no formal de Delfina Gómez Álvarez.
- Los 11 ex gobernadores que apoyarán campaña de candidata tricolor a la gubernatura.
- JUICIO EN CORTE DE NUEVA YORK
No deberá extrañar a Horacio Duarte Olivares y a Mario Delgado el repunte que pueda lograr la virtual candidata priista a la gubernatura del Estado de México en las diversas encuestas que hoy posicionan a Delfina Gómez Álvarez como puntera en sus resultados sobre Alejandra del Moral Vela.
Y es que tanto el coordinador de la precampaña de la maestra como el líder nacional de MORENA, respectivamente, están actuando con poca habilidad electoral.
1.- Pareciera que la etapa preelectoral es para los dirigentes mencionados la pauta para definir el triunfo o derrota de su candidata.
2.- Muestran cierto apasionamiento al presentar los resultados de empresas encuestadoras cuyos números favorecen a Delfina Gómez Álvarez, firmas autoras de los sondeos respectivos que en ciertos momentos han sido cuestionadas por MORENA cuando ofrecen cifras adversas a lo que llaman su “movimiento”.
3.- La etapa preelectoral que termina en las próximas 72 horas está siendo perfilada por Duarte Olivares y Delgado como icono de triunfo adelantado, cuando el objetivo original de esta primera parte del proceso comicial está diseñada únicamente para tener contacto con la militancia de los partidos a los que pertenecen las contendientes, en este caso, Delfina Gómez Álvarez y Alejandra del Moral Vela, y a la vez acercase a las bases de sus aliados.
Luego entonces el triunfo preelectoral que intentan endilgar los líderes morenistas aludidos a su virtual candidata se circunscribiría como un éxito entre sus iguales; es decir, únicamente al interior de MORENA.
Por eso los resultados de las encuestas son hasta este momento avasalladores a favor de Delfina Gómez Álvarez, pero los números con real sustento aflorarán durante el transcurso de la campaña constitucional que inicia en abril próximo.
De tal suerte que proclamar el triunfo o éxito de la aspirante morenista a la gubernatura del Estado de México en el contexto de la etapa anterior a la campaña formal constituye una postura de alto riesgo:
Por dos cosas:
A.- Seguramente Horacio Duarte Olivares y Mario Delgado son conscientes que están compitiendo con el priismo de mayor oficio político y electoral de todo el país.
B.- También Horacio Duarte Olivares y Mario Delgado seguramente saben que el PRI mexiquense no es el de Coahuila, ni el de Tabasco, ni el de Campeche, ni el de ninguna otra entidad de las 32 que conforman el territorio nacional.
En cualquier momento los priistas mexiquenses pueden revertir los resultados de las encuestas plagadas en esta etapa preelectoral de números densos, aleatorios y frágiles, cifras que se robustecerán al arranque de la campaña el 3 de abril próximo regulada por las autoridades comiciales, incluidas el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), apuntalado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el primero en calidad de OPLE.
Horacio Duarte Olivares es experto en materia electoral, incluso no se descarta que en cualquier momento del proceso de votaciones pueda auto nombrarse representante de MORENA ante el Consejo General del órgano comicial local aportando a la causa sus dotes de tribuno en caso de que se le complicara la especie a la alianza MORENA-PT-PVEM que arropará a Delfina Gómez Álvarez.
Y en ese mismo tenor de sensibilidad, el coordinador de la maestra seguramente entiende que tipificar para Delfina Gómez Álvarez un triunfo de precampaña sería similar a un pírrico éxito basado en endebles números de encuestas y sondeos, abriendo con ello la brecha para que la priista Alejandra del Moral Vela por cada punto que recupere se convierta en letal competidora pues será un porcentaje que se le restaría a Delfina Gómez Álvarez.
Eso tenderá a ocurrir en los primeros diez días de la campaña constitucional si se aplica el principio de la estadística que consiste en que todo lo que sube tiende a bajar en el producto cartesiano.
No es necesario acudir a términos técnicos o científicos, pero se corre el riesgo de que las empresas que hoy legitiman Horacio Duarte Olivares y Mario Delgado cuyos resultados de sus encuestas favorecen a Delfina Gómez Álvarez sean denostadas por ellos mismos en la medida de que Alejandra del Moral Vela eventualmente repunte en sus mediciones y a la vez la candidata de MORENA tienda a bajar en los porcentajes.
A decir verdad:
I.- Horacio Duarte Olivares y Mario Delgado desean que Delfina Gómez Álvarez se sostenga en las encuestas, incluso que en los primeros diez días de la campaña formal aumenten los porcentajes de preferencias a su favor y así consolidar de inmediato el triunfo que en esta etapa preelectoral le están acreditando por adelantado.
II.- Pero también Alejandra del Moral Vela calcula que le dará resultados su estrategia de haberse mantenido sin bajar en los porcentajes de las mismas encuestas que le dan la ventaja a su adversaria a fin de que durante la campaña que inicia en abril próximo repunte hasta acercarse incluso al margen de error, procurando el empate técnico unos 20 días antes del 4 de junio próximo.
Escenario que dominan a la perfección los priistas mexiquenses cuyos operadores, hombres y mujeres expertos en extremo en la materia , aprovecharán el talón de Aquiles fraguado durante la precampaña que concluye en las próximas 72 horas por Horacio Duarte Olivares y Mario Delgado , que consiste en el no dejar hablar ni dejar debatir a Delfina Gómez Álvarez en el escenario de la justa por la gubernatura , ambos , Horacio y Mario , han hecho suya la candidatura hasta el momento encapsulando peligrosamente a la aspirante morenista, sobre protegiéndola.
SÍNTESIS POLÍTICA
Por cierto ayer mediante un comunicado de prensa el CDE del PRI difundió lo relativo al tema de las encuestas mismo que señala lo siguiente:
“El Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI del Estado de México y la oficina de la precandidata rechazan cualquier vínculo con la serie de encuestas falsas que se publican en las redes sociales.
El engaño no es la estrategia del PRI y se desmarca de cualquier noticia falsa que se distribuya en materia de preferencia electoral a nombre de casas encuestadoras o medios de comunicación.
Este instituto político observa con seriedad aquellas encuestas que son publicadas por medios de comunicación con credibilidad y cuyos resultados plantean un avance de aceptación de nuestra precandidata, Alejandra Del Moral Vela.
El PRI toma en cuenta las encuestas profesionales que son públicas pero también observa que existen grupos de interés que buscan lastimar la buena relación que se tiene con los medios de comunicación.
De igual forma, el PRI mexiquense deja en claro que su estrategia está muy lejos de utilizar encuestas falsas en comunicados, conferencias de prensa o en las redes sociales.
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Ex gobernadores priistas que apuntalarán a Alejandra del Moral vía ”Alito”:
Hidalgo, Francisco Olvera; Oaxaca, Alejandro Murat; Estado de México, Arturo Montiel; Yucatán, Rolando Zapata; Zacatecas, Miguel Alonso Reyes; Tlaxcala, Beatriz Paredes; Querétaro, Enrique Burgos; Durango, Jorge Herrera Caldera e Ismael Hernández Deras; Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, y Quintana Roo, Joaquín Hendricks, entre otros.
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Perfilan en comisiones de la cámara de diputados detectar a grupos delictivos que presionan o amenazan a comerciantes:
“A fin de combatir delitos que atentan contra la libre actividad comercial en la entidad, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, aprobó por unanimidad reformas para imponer prisión a quien o quienes obliguen a una persona comerciante o unidad económica a imponer o fijar precios por encima del mercado, sean productos, insumos o servicios. La pena será de seis a 10 años de prisión y podrían ser de siete a 15 años si las o los responsables se ostentan como miembros de algún grupo delictivo.
La reforma al Código Penal, remitida al Pleno legislativo para su votación definitiva, también indica que para las o los responsables de estos delitos que formen parte del servicio público, la pena será de 8 a 20 años de prisión, además de se considerarán agravantes si participan una o más personas.
El diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), presidente de la comisión, explicó que en el análisis de la iniciativa impulsada por el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, se precisó claramente al sujeto activo del delito para que no exista la posibilidad de criminalizar al comerciante.
Por ello, este tipo de conductas quedarán tipificados como delitos contra el consumo, y su incorporación al Código Penal busca dar elementos a la autoridad para enfrentar este tipo de ilícitos que se propagan en algunas regiones de la entidad y que violentan la libertad de quienes ejercen el comercio para ganarse la vida, así como de las y los consumidores quienes resienten el alza de precios en productos básicos.
De acuerdo con el dictamen, las penas de prisión aplicarán en contra de quien o quienes por medio de la violencia obliguen a una persona o unidad económica a comprar, obtener o adquirir a otra persona, comercio o empresa determinados bienes, insumos, mercancías o servicios para su giro comercial, así como a quienes obliguen a vender o a distribuir bienes, insumos, mercancías o servicios a personas o empresas determinadas.
En esta reunión, las y los legisladores también acordaron continuar con el análisis de la propuesta de la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez (morena) para imponer sanciones de 3 a 5 años de prisión, así como la suspensión de la licencia por dos años a quien o quienes, conduzcan vehículos del transporte público bajo los influjos del alcohol u otras sustancias tóxicas, provoquen accidentes viales.
En este punto, el diputado Braulio Álvarez Jasso (PRI) expuso que ya está tipificado, en tanto que la diputada Juana Bonilla Jaime (MC) pidió verificar si había sido derogado este tipo penal en 2006, en tanto que la representación de la fiscalía solicitó mayor tiempo para analizar la iniciativa.
En la reunión participaron Edna Edith Escalante Ramírez y Verónica Cortés Marroquín, por el Poder Judicial, y Maricela Xicoténcatl Elizaga, Alfonso Silva Sánchez y Rubén Cárdenas Media, de la FGJEM.
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Edgar Veytia incendió este martes con sus declaraciones el escenario político mexicano. El exfiscal de Nayarit, conocido como El Diablo, y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, se lanzó contra varios personajes políticos en la audiencia del juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. El exprocurador estatal salpicó, además de al exsecretario de Seguridad, al expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y los exgobernadores Ney González (2005-2011) y Roberto Sandoval (2011-2017), sobre quienes dijo que habían dado la orden de proteger a narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán. Veytia tiene uno de los pasados más oscuros que haya tenido alguien en su entidad. Además de haber dejado un millar de desaparecidos a su paso, fue el procurador que se codeó con los grandes carteles de la droga y conspiró para traficar heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana de México a Estados Unidos.
La trayectoria despierta dudas sobre el peso de sus declaraciones después de haberse convertido en testigo de la Fiscalía estadounidense. Cuando en marzo de 2017 el FBI lo detuvo en el paso fronterizo que une Tijuana y San Diego, nadie quiso salir a defenderlo. Mientras Veytia estaba a cargo de la procuración de justicia en Nayarit, era un secreto a todas voces que se vinculaba de manera directa con el crimen organizado. Ni siquiera su padrino político, el gobernador Sandoval, salió a defenderlo entonces. Por el contrario, dijo que estaba “totalmente indignado por su doble personalidad”.
Veytia sufre del mal que tienen otros testigos del caso contra García Luna: goza de una credibilidad más que dudable. Su colaboración con las autoridades estadounidenses llevaron a impulsar incluso la investigación en Estados Unidos contra el exsecretario de la Defensa mexicano Salvador Cienfuegos. En esa ocasión, el exfiscal había acusado al antiguo jefe del Ejército de proteger a cárteles de la droga a cambio de sobornos, según reveló una investigación periodística el pasado diciembre. Sin embargo, los agentes de la DEA decidieron desestimar esa declaración porque era un personaje con muy poca credibilidad, algo que podía convertirse en un problema ante un tribunal.
El Diablo fue durante muchos años uno los hombres de mayor confianza de Roberto Sandoval, detenido actualmente por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En 2008, cuando el priista consiguió la alcaldía de Tepic, la capital del Estado, Veytia se convirtió en director de tránsito municipal. Al año siguiente fue promovido a secretario de Seguridad Pública. En 2011, fue elegido por el exgobernador para formar parte de su Administración estatal. Primero como subprocurador y, dos años más tarde, como fiscal, desde donde impuso la ley del terror.
Pese a la dudosa credibilidad de Veytia, es un personaje que ha transitado en el bajo mundo del crimen organizado en México y tiene mucha información sobre cómo y quiénes operaban allí durante los años que estuvo activo, entre 2008 y 2017. Nayarit es un pequeño Estado encastrado en la costa del Pacífico, entre Jalisco y Sinaloa. Por su ubicación fue una plaza clave para las organizaciones criminales que se dedicaban al trasiego de droga. Durante su periodo como fiscal, las autoridades estatales operaban un mecanismo de extorsiones y despojos. Las más altas esferas llevaban el negocio del narcomenudeo y se asociaban con unos o con otros, dependiendo del poder y la época.
Todo eso quedó acreditado durante su juicio en Nueva York y por el que recibió 20 años de prisión. Veytia enfrentaba cargos de por vida, pero con la esperanza de rebajar esa cifra optó por colaborar con la justicia. Entre los señalamientos que hizo el exfiscal acusó sin aportar pruebas a Calderón de haber enviado la orden de proteger a la gente de El Chapo y a Sandoval de haber pactado cuando era alcalde de Tepic con el cartel de los Beltrán Leyva a cambio de que pagaran su campaña electoral para la gubernatura. En aquel entonces estos dos carteles se disputaban el poder en el pequeño Estado costero. Tanto Calderón como Sandoval han negado las acusaciones.
Ya con la condena en el bolsillo, Veytia relató con lujo de detalles lo que significaban los acuerdos entre autoridades y narcotráfico. “No los deteníamos, les dábamos información para que pudieran escapar y evadir la justicia, encubríamos los delitos que cometían”, dijo este martes en la corte de Nueva York. La explosividad de sus dichos no fueron sustentados con una sola prueba en los tribunales. “Los acuerdos con el narcotráfico no son por escrito”, justificó. El jurado será ahora el encargado de determinar la validez de aquellas palabras que revolvieron la escena política mexicana. (Información publicada en el diario El País firmada por la periodista Georgina Zerega)
